COSAS DE PYMES

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RESUMEN

Como establecimos en post previos, el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que da marco y tutela a un proceso económico en el que el concursado (deudor) pagará a los acreedores sus créditos y podrá seguir adelante o entrar en liquidación.  Los profesionales que de forma natural son necesarios son el abogado (que desarrollará el procedimiento en el juzgado conforme a la ley) y el economista (que llevará a cabo las valoraciones económicas de diversos tipos, especialmente de los créditos, de los bienes y respecto de si el negocio en cuestión es rentable y viable).

Ya la primera Ley concursal 22/2003 de 9 de julio, establecía que la administración concursal debe estar integrada por un abogado y dos economistas. Esta fórmula se ha venido adaptando hasta la recién aprobada Ley 6/2022 de 5 de septiembre, que entrará en vigor a finales de este mes y plenamente en enero de 2023, que sigue reconociendo a estos profesionales como necesarios en los procedimientos concursales.

Por otra parte, si un negocio está en una situación de insolvencia probable o segura, inminente o actual, quien puede hacer la valoración adecuada de la situación es un economista que, aunque podría ser el mismo gestor si lo fuera, tenga experiencia en solvencia, concursos y reflotación de empresas para tener las mayores garantías de que el resultado, en caso de entrar en concurso, sea lo más favorable posible. Evidentemente hay que cumplir con las leyes concursales y mercantiles, pero lo determinante para el resultado final es si se cumplen las leyes económicas: un negocio no es rentable o puede pagar a sus acreedores porque un legislador lo ponga en determinada normativa, podrá hacerlo si el negocio es económicamente rentable y cumple con una serie de condiciones -leyes- económicas.

La historia típica sería:

  1. Los responsables de un negocio observan que les cuesta pagar por problemas que tienen que ver con su rentabilidad, con sus flujos de efectivo o con un incidente económico grave, como sería un siniestro de una fábrica, un cliente importante que no paga o una huelga, entre otros)
  2. Si esta situación se confirma y excede sus aptitudes naturales (si fuera una fábrica de mesas de madera, lo más natural es que sean buenos carpinteros y no sean economistas, de la misma forma que el economista debe ser bueno como tal, pero no necesariamente buen carpintero) deberían llamar a un economista para analizar la situación y proponer vías de acción.
  3. Si analizada la situación es necesario entrar en concurso, hecho que el economista especializado en estos temas es capaz de determinar por sus conocimientos económicos y jurídicos sobre la ley concursal, es entonces el momento de contactar con un abogado mercantil, a ser posible con experiencia concursal, que determinará la forma más adecuada de presentar el concurso y representará al negocio en el procedimiento.
  4. Hay quien comete el error de llamar primero al abogado. Si este no trabajara en equipo con un economista, la experiencia dice que es altamente probable que solicite el concurso sin un plan económico formal y adecuado, sin identificar ni valorar otras opciones económicas. Por otra parte, si el abogado trabaja con un economista, normalmente desde su factura inicial habrá cargos legales además de los del economista, lo que es más caro, pero no mejor. En cualquier caso, lo más adecuado, siempre, es contar con un economista en el equipo de trabajo, pero no siempre sucede así.
  5. Se presenta el concurso, se designa a la administración concursal y como en el equipo del concursado hay abogado y economista, durante todo el desarrollo del procedimiento, su abogado y economista trabajan directamente con la administración concursal defendiendo al milímetro sus intereses, porque hay que recordar que la ley admite interpretaciones y la economía tiene muchas variantes que no son la especialidad de los abogados.
  6. En cualquier controversia el concursado tendrá asesoría en los temas involucrados, que frecuentemente serán de naturaleza económica en un marco legal.

Es importante tener muy claro que un concurso es un procedimiento legal que parte y se desarrolla en torno a hechos y procesos económicos. El concursado sabe de su actividad y será capaz de contestar cualquier pregunta sobre ella, el abogado actuará y vigilara el desarrollo del procedimiento judicial y el economista velará para que todo sea valorado correctamente y todas las opciones económicas sean debidamente analizadas.

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